El monocultivo de agave y el derecho humano a un medio ambiente sano: una travesía entre la prosperidad económica y la vulneración de dignidades

Resumen

El presente artículo analiza el monocultivo intensivo de agave en Jalisco, México, como un caso paradigmático de extractivismo agrario que vulnera de manera estructural el derecho humano a un medio ambiente sano. Mediante la aplicación del método de desempaque de derechos humanos, se desagregan los subderechos implicados (agua, salud, alimentación, cultura, biodiversidad, participación) y las obligaciones estatales de respetar, proteger, garantizar y promover, mostrando cómo la expansión agavera —que creció alrededor de 167% entre 2014 y 2023— se traduce en degradación ecológica severa, contaminación por vinazas (del orden de 4 a 5 mil millones de litros anuales), estrés hídrico, erosión de suelos, pérdida de biodiversidad y precarización laboral.

Se articulan teorías contemporáneas de derechos humanos (enfoque de capacidades de Amartya Sen y Martha Nussbaum; concepción de Jack Donnelly sobre derechos como reclamos éticos universalizables), el método de desempaque desarrollado por organismos de derechos humanos, y marcos de desarrollo sostenible y economía ecológica. Se integra, además, el marco jurídico nacional e internacional como son, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Opinión Consultiva OC‑23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la resolución 76/300 de la Asamblea General de la ONU sobre el derecho a un ambiente sano, y el Acuerdo de Escazú sobre participación y justicia ambiental.

Se evidencia que el modelo agavero, lejos de ser un ejemplo de “desarrollo rural”, reproduce patrones globales de extractivismo agrario (análogos a la soja en Argentina o la palma africana en Colombia), genera injusticias distributivas y de representación, y resulta insostenible ecológica y socialmente. A partir de este diagnóstico, se proponen transformaciones normativas e institucionales orientadas a: integrar criterios ambientales y sociales vinculantes a la regulación del tequila, reforzar la evaluación de impacto ambiental agrícola, proteger zonas de recarga hídrica y ecosistemas frágiles, avanzar hacia la prohibición progresiva del glifosato, garantizar trabajo digno, fortalecer la agroecología y la diversificación productiva, y democratizar la gobernanza territorial en línea con los principios de Ostrom y el Acuerdo de Escazú.

El trabajo concluye que la viabilidad futura de la industria tequilera depende de su capacidad para transitar de un modelo extractivo a uno verdaderamente sustentable y respetuoso de los derechos humanos.